El presidente Abelardo de la Espriella impulsa una reforma de Código de Tránsito para Colombia, buscando alivianar el bolsillo de los conductores con ajustes en multas y licencias.
El gobierno colombiano ha puesto en marcha un ambicioso proyecto para actualizar el Código Nacional de Tránsito, una normativa que ha regido la movilidad del país por más de dos décadas y que, según las autoridades, requiere una adaptación urgente a la realidad actual. Esta iniciativa se centra en la revisión de costos y trámites que recaen sobre los conductores, con un énfasis particular en la protección de la economía de los hogares y la mejora de la seguridad vial. La propuesta, liderada por la ministra de Transporte, Elsa Noguera, busca eliminar lo que consideran abusos y excesos en el sistema actual, priorizando la vida en las vías por encima de la recaudación.
Una reforma de Código de Tránsito para aligerar la carga económica
El presidente Abelardo de la Espriella ha sido claro en su intención de transformar el panorama de las infracciones y los costos asociados al manejo vehicular en Colombia. Ha manifestado públicamente que una infracción no debe convertirse en una «condena económica» para las familias. Esta visión es la piedra angular de la propuesta de reforma de Código de Tránsito, que busca una proporcionalidad en las sanciones y una reducción significativa de los gastos para los ciudadanos.
Este cambio de enfoque es crucial, considerando que el costo de multas, intereses, patios y grúas puede llegar a superar un salario mínimo en Colombia, impactando directamente la capacidad de pago y, en algunos casos, llevando a la pérdida del vehículo, esencial para el sustento de muchas familias. La iniciativa presidencial pone en el centro la necesidad de un sistema más justo y accesible para los conductores, sin comprometer la seguridad vial que sigue siendo una prioridad ineludible.
Reducción de costos en multas y trámites clave
Uno de los pilares de esta reforma de Código de Tránsito es la drástica reducción del costo de las multas de tránsito, que podría llegar hasta el 50%. Esta medida busca aliviar directamente la presión económica sobre los infractores. Adicionalmente, se plantea una disminución del 25% en el valor de los cursos pedagógicos de seguridad vial, que son un requisito para acceder a los descuentos en las fotomultas.
La ministra de Transporte, Elsa Noguera, subrayó la importancia de esta iniciativa: “Queremos mejores conductores y menos muertes en las vías, pero no vamos a trasladarle nuevos costos a la gente sin analizarlos objetivamente, demostrar que son necesarios y que producirán resultados”. Esta declaración resalta el compromiso del gobierno con una reforma integral y bien fundamentada que beneficie a la ciudadanía sin sacrificar los objetivos de seguridad vial.
El impacto en las licencias de conducción y los CALE
La reforma de Código de Tránsito también contempla ajustes significativos en las licencias de conducción. El presidente De la Espriella propuso eliminar cobros que considera innecesarios y extender la vigencia del documento, sugiriendo un periodo de entre 8 y 10 años. Actualmente, la licencia para conductores particulares menores de 60 años tiene una vigencia de 10 años, reduciéndose a 5 años entre los 60 y 80 años, y a una renovación anual para mayores de 80 años. Para el servicio público, los plazos son de 3 años antes de los 60 y 1 año después.
Un punto crítico en esta discusión ha sido la suspensión de la operación de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE). Estos organismos, creados por la Ley 2251 de 2022, tenían como objetivo verificar de forma independiente la capacidad de manejo de los aspirantes a la licencia. Sin embargo, el gobierno estimó que su implementación habría elevado el costo de la licencia de conducción de COP 1,4 millones a COP 2,2 millones, un incremento de COP 800.000. El Ministerio de Transporte está revisando la legalidad del contrato con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) y si sus costos realmente contribuirían a la seguridad vial.
El control de las fotomultas y la revisión técnico-mecánica
Las fotomultas, un tema recurrente de debate y controversia en el país, también están en la mira de esta reforma de Código de Tránsito. El presidente De la Espriella calificó el sistema actual como un «negocio» y anunció que endurecerá los controles para su autorización. El objetivo es asegurar que estos sistemas cumplan una función preventiva y no meramente recaudadora.
Se establecerán parámetros más estrictos para la calibración de los equipos de fotodetección, con el fin de evitar multas generadas por mediciones defectuosas. Además, el mandatario ordenó una revisión exhaustiva del RUNT y el SIMIT, los sistemas que centralizan los comparendos y multas en Colombia, para identificar y eliminar cobros duplicados o tarifas excesivas. La periodicidad y el precio de la revisión técnico-mecánica, que actualmente exige la primera inspección a los 5 años para vehículos particulares (2 años para motos y servicio público) y luego anualmente para todos, también serán objeto de análisis.
Transformación en centros de atención y servicios de tránsito
La propuesta gubernamental también aborda la regulación de los Centros Integrales de Atención (CIA), los establecimientos donde los infractores toman los cursos pedagógicos para acceder a descuentos en sus multas. El presidente calificó de «absurdo» el requisito de infraestructura conocido como «casa cárcel» para habilitar estos centros, argumentando que ha favorecido la creación de monopolios. Se buscará eliminar este requisito y reducir en 25% el costo de dichos cursos, permitiendo incluso que las propias autoridades de tránsito los impartan directamente.
Los costos asociados a los servicios de patios y grúas, que a menudo se acumulan con las sanciones e intereses, generando deudas significativas para los propietarios de vehículos, también serán revisados en esta reforma de Código de Tránsito. El gobierno busca establecer tarifas más razonables para estos servicios, aliviando así otra carga económica para los conductores. La intención es clara: construir un marco normativo que sea más equitativo y menos gravoso para los ciudadanos, sin descuidar la importancia de mantener la seguridad en las carreteras del país.
Un nuevo horizonte para la seguridad vial en Colombia
La iniciativa del gobierno de Abelardo de la Espriella de implementar una profunda reforma de Código de Tránsito se presenta como un esfuerzo significativo para modernizar y humanizar las leyes que rigen la movilidad en Colombia. Con la visión de proteger la vida en las vías, eliminar abusos y aliviar el bolsillo de los ciudadanos, esta propuesta busca un equilibrio entre la imposición de sanciones y la promoción de una cultura vial más segura y consciente. La ministra Elsa Noguera ha reiterado el compromiso de su cartera con esta tarea, asegurando que Colombia no puede continuar con un código desfasado de la realidad actual.
Este paquete de cambios, que incluye la reducción de multas, la optimización de los costos de licencias y cursos, y la supervisión de las fotomultas y servicios asociados, tiene el potencial de reconfigurar la experiencia de los conductores colombianos. Aunque muchos de estos puntos requerirán la aprobación del Congreso, el borrador del nuevo Código Nacional de Tránsito ya está en preparación, anticipando una era de mayor equidad y eficiencia en la regulación del transporte terrestre. La disponibilidad de estos cambios para el mercado colombiano será, en su momento, comunicada oficialmente por las autoridades correspondientes.
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